“Aquel era un gobierno destinado al golpe. Estuvo jaqueado desde aún antes de que Arturo Illia triunfara en las elecciones del 7 de julio de 1963, con el peronismo proscripto, con el país ensangrentado por la división de las fuerzas armadas que se habían enfrentado en las calles en abril de ese año y en septiembre del año anterior, después de derrocar en marzo a Arturo Frondizi, y con un peronismo convertido, como casi siempre, en árbitro de la vida política del país que, esta vez, incluía un alto factor de riesgo: un sector del poderoso sindicalismo argentino, en la persona de Augusto Vandor, proponía la posibilidad de llevar adelante un peronismo sin Perón.

Aquello era un polvorín. Y el golpe de Estado contra el presidente Arturo Illia, del que hoy 28 de junio se cumple medio siglo, encendió la mecha que lo haría estallar en los años siguientes hasta culminar en la brutal dictadura militar instaurada en marzo de 1976.

Illia llegó al poder apenas con el 25 por ciento de los votos, lo que entonces fue visto como un signo de debilidad: un porcentaje menor de votos le permitió al kirchnerismo, desde 2003, gobernar a lo largo de doce años.

Illia era un médico que había nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, pero que había hecho su carrera, profesional y política en Cruz del Eje, Córdoba. Tenía 63 años cuando asumió el gobierno el 12 de octubre de 1963 y una imagen de hombre más mayor, bueno e inocente, que no se condecía en nada con una personalidad astuta, dura y decidida que se había fogueado en la UCR que lideraba Ricardo Balbín. No era un hombre débil, como hizo creer la gigantesca campaña lanzada en su contra ni bien se hizo cargo del gobierno, pero encarnó a un gobierno debilitado: sin mayoría en el Congreso y con la mayor parte de los gobiernos provinciales en manos de la oposición.

Aún así, tomó algunas decisiones controvertidas que, además, sirvieron casi de mortaja a su gobierno: pese a la intensa presión y a las amenazas nada veladas de la Embajada de Estados Unidos, Illia anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi, sancionó una Ley de Medicamentos contraria a los intereses de los grandes laboratorios y levantó algunas de las restricciones electorales que pesaban sobre el peronismo, aunque la participación directa de Perón siguió prohibida. Eso era poco menos que intolerable para unas fuerzas armadas enfrentadas entre colorados, de un antiperonismo irreductible, y azules, de un supuesto legalismo disfrazado que se animaba, al menos en teoría, a volver a aceptar al peronismo en el futuro: lejano, pero futuro al fin. Los dos bandos aspiraban a que Perón muriera en el exilio, opción que ni pasaba por la cabeza del ya anciano general.

Illia, como le ocurriría luego a los gobiernos radicales de Raúl Alfonsín en 1983 y de Fernando De la Rúa (1999), no pudo sancionar una ley que controlara el poder sindical: a seis meses de asumir el gobierno, enfrentó un masivo Plan de Lucha, lanzado por la CGT que, entre mayo y junio de 1964 puso a cuatro millones de obreros a ocupar once mil fábricas de todo el país. La supuesta lentitud de su gobierno fue ridiculizada por el poder sindical que lanzó tortugas en la Plaza de Mayo, mientras los caricaturistas de la época mostraban al presidente como un cansino jubilado que daba de comer a las palomas.

En 1964, Vandor organizó el retorno de Perón a la Argentina, una operación destinada al fracaso, y el líder del peronismo fue detenido en Brasil, a pedido de la cancillería argentina, y obligado a retornar a España. El gobierno de Illia salió del episodio más deteriorado que la figura de Vandor, que pese a su proyecto de peronismo sin Perón, o precisamente a causa de él, fue asesinado en 1969.

Aquella Argentina jugaba con fuego. Incluso el periodista Jacobo Timerman pergeñó entonces una revista de actualidad política con la única finalidad de influir en la decisión militar de voltear a aquel gobierno que, en el lapso de dos años y ocho meses, enancado acaso en el envión económico que había implicado el desarrollismo frondicista entre 1958 y 1962, sostuvo el presupuesto educativo más alto que recuerde la Argentina; eliminó la censura en los espectáculos públicos, sancionó la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil y se negó a enviar tropas argentinas en apoyo a la invasión de marines estadounidenses a Santo Domingo en 1965.

No era el de Illia el proyecto de gobierno que soñaban los militares en sus cabildeos golpistas y que tenían dos cabezas visibles y emparentadas: entre los civiles, el ingeniero Álvaro Alsogaray y, entre los militares, su hermano, el general Julio Alsogaray, jefe del Ejército tras el derrocamiento de Illia.

En la madrugada del 28 de junio, el general Alsogaray protagonizó un dramático y violento altercado en el despacho presidencial con el todavía presidente. Alsogaray, en nombre de las fuerzas armadas, invitó a Illia a dejar la Casa de Gobierno. Illia reivindicó su rol de comandante en jefe de las fuerzas armadas: “Usted –le dijo- y quienes lo acompañan, actúan como salteadores nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada”. Poco después, el presidente fue desalojado de la Casa de Gobierno por una brigada lanza gases de la Policía Federal. En el único gesto mediático de su presidencia, acaso involuntario, Illia paró un taxi frente a la Rosada y se hundió en la historia.

Esa mañana, en la Confitería Del Molino, un joven veinteañero, hijo de un dirigente radical, planteó la acción armada como única alternativa para enfrentar los cíclicos y frustrantes golpes de estado militares. Era Benito Urteaga, con los años, jefe de la guerrilla trotskista ERP, que murió junto a Mario Santucho en julio de 1976 en un enfrentamiento con el Ejército.

Uno de los hijos del teniente general Alsogaray, Juan Carlos, murió en Tucumán, en febrero de 1976 como oficial de la guerrilla peronista Montoneros. Tenía 29 años.”

 

Amato Alberto, Diario Clarin (martes 28 de junio de 2016)

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